Opacidad patrimonial en la FGR: Gertz Manero y 12 altos mandos ocultaron sus bienes e ingresos

La Fiscalía General de la República (FGR) operó bajo un manto de opacidad patrimonial durante la gestión de Alejandro Gertz Manero. Según documentación consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia y en Declaranet, la información sobre bienes e ingresos del propio fiscal y de al menos doce de sus colaboradores más cercanos permaneció clasificada o reservada.

En todos los casos, las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales no están disponibles, marcadas con advertencias de que el servidor no aceptó hacer públicos sus datos o con reservas justificadas por el Comité de Transparencia de la institución por razones de seguridad. Esta práctica sistemática abarcó a titulares de áreas sensibles como delincuencia organizada, anticorrupción, derechos humanos y asuntos internos, creando un vacío de información sobre el patrimonio de quienes dirigían las investigaciones más delicadas del país.

El contexto legal permite, bajo ciertas condiciones, la reserva de esta información. La Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, pero su artículo 29 autoriza clasificar datos para proteger la privacidad o seguridad del funcionario, siempre con una justificación.

El Comité de Transparencia de la FGR invocó precisamente estos argumentos para respaldar la opacidad. En el caso de Gertz Manero, en una sesión extraordinaria de mayo de 2024, se decidió reservar todos sus datos patrimoniales por cinco años, argumentando que revelarlos violaría sus derechos humanos al carecer de su consentimiento y que lo pondría en riesgo al exponer patrones de vida y haciéndolo presa fácil de ataques hacia su persona o familia.

Esta interpretación fue aplicada de manera extensiva a gran parte de su equipo directivo. Las consecuencias de esta opacidad prolongada son profundas para la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

La imposibilidad de acceder a las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios fiscales limita severamente la vigilancia ciudadana e institucional. Sin datos públicos, es imposible verificar si el crecimiento de sus bienes es congruente con sus ingresos legales, identificar posibles conflictos de interés o activar alertas tempranas sobre enriquecimiento inexplicable.

Esta falta de transparencia socava la confianza en una institución clave para la impartición de justicia y debilita los mecanismos diseñados para prevenir abusos desde el interior del poder. La llegada de Ernestina Godoy al frente de la FGR marca un punto de inflexión, con sus primeros movimientos incluyendo cambios en áreas estratégicas que estuvieron bajo esta opacidad.

Se abre así un escenario de observación para ver si la nueva administración modifica estas prácticas y fomenta una cultura de mayor transparencia, permitiendo que la ciudadanía pueda, mediante las herramientas legales como la Plataforma Nacional de Transparencia y las solicitudes de acceso a la información, ejercer un escrutinio efectivo sobre el patrimonio de quienes tienen en sus manos la aplicación de la ley..