Operativo de la CDMX desaloja Refugio Franciscano: polémica por bienestar animal y legado de terrenos

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, ejecutó un operativo policial el 7 de enero para desalojar por la fuerza a los animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa. La jefa de gobierno justificó la acción argumentando condiciones de hacinamiento y riesgos para la salud de los más de mil perros que habitaban el lugar, prometiendo su traslado a un espacio seguro bajo custodia de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en el Ajusco.

Sin embargo, esta decisión representó un giro radical respecto a su declaración del 5 de enero, donde había calificado el conflicto como un asunto meramente inmobiliario entre la Fundación Haghenbeck y el refugio. El operativo se desarrolló con una fuerte presencia de granaderos y policías, generando inmediata controversia entre las redes de protección animal.

La situación se complejizó cuando se supo que el supuesto gran albergue gubernamental en el Ajusco no existe. En realidad, los animales comenzaron a ser llevados a la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Doméstica, un pequeño albergue privado a cargo de Josefina González, conocida como Nina.

Ella misma alertó en redes sociales que fue obligada a recibir, bajo presión policial, cientos de perros, denunciando que las instalaciones eran inadecuadas para tal cantidad y que se actuó sin su consentimiento. Protectores independientes y voluntarios del Refugio Franciscano rechazan las acusaciones de maltrato sistemático.

Aunque admiten las dificultades logísticas de mantener a tantos animales, muestran evidencias de que los perros recibían cuidado, alimentación y atención veterinaria. Señalan, con preocupación, que durante el operativo muchos animales habrían desaparecido o muerto, y que un número indeterminado fue dejado en un terreno sin servicios adecuados en el Ajusco.

Además, destacan que la Fundación Haghenbeck había tomado control físico del refugio desde el 11 de diciembre, por lo que la responsabilidad directa de las condiciones en el momento del operativo recaería también en dicha fundación. El trasfondo del conflicto es claramente inmobiliario y legal.

Los terrenos donde opera el refugio fueron cedidos hace 48 años mediante contratos de comodato por 99 años, otorgados por el filántropo Antonio Haghenbeck de la Lama. Su testamento estipulaba que los predios debían dedicarse permanentemente a la protección animal.

Los protectores acusan que la Fundación Haghenbeck, junto con autoridades, busca violar estos comodatos para liberar el valioso terreno en Cuajimalpa, presuntamente ya vendido a una inmobiliaria, traicionando así el legado del donante. Este caso expone la tensión entre el desarrollo urbano, el cumplimiento de voluntades testamentarias y la genuina protección animal, dejando en evidencia la falta de infraestructura pública adecuada para resolver estas crisis..