Padres buscadores en México: la dolorosa lucha ciudadana que suple la inacción del Estado

La desaparición de un hijo transforma para siempre la vida de una familia. Juan Gonzalo Moreno Márquez pasó de una existencia tranquila a dedicar cada momento libre a la búsqueda de su hijo Kevin, víctima del mediático Caso Shots.

Desde 2022, él y su esposa Soraya no solo emprendieron una misión personal, sino que se profesionalizaron en investigación forense. Hoy lideran la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada Baja California, una de las muchas iniciativas ciudadanas que han nacido por la falta de respuestas oficiales.

Moreno expresa con rabia e impotencia que el Estado está fallando cuando la responsabilidad de cavar con una pala recae sobre las madres y los padres. Esta realidad evidencia un vacío institucional profundo, donde la sociedad civil se ve obligada a asumir roles que corresponden al gobierno.

El contraste entre los resultados obtenidos por los colectivos ciudadanos y la inoperancia gubernamental es abismal. La célula fundada por los Moreno ha logrado más de 80 hallazgos desde la desaparición de Kevin, una cifra que destaca su eficacia pese a operar sin presupuesto anual, vehículos oficiales, equipamiento adecuado o facilidades de movilidad.

Su motor es el dolor y la determinación profunda de aliviar el sufrimiento de las familias. Gonzalo critica que se exija más a los buscadores que a las propias instituciones, subrayando que estos grupos no deberían existir, pues su misma existencia es un síntoma de la dejación estatal.

La relación con las autoridades, particularmente con la Fiscalía General del Estado, es compleja y a menudo contraproducente. Los buscadores califican los procedimientos oficiales de cuadrados y tradicionales, alejados de la experiencia práctica acumulada en el terreno.

Por ello, prefieren actuar por su vía, recabando información de manera independiente para luego entregarla a la Fiscalía, evitando así la lentitud y burocracia que entorpecen las pesquisas. Además, denuncian que las instituciones suelen recurrir a una narconarrativa que revictimiza a los desaparecidos, sugiriendo que su involucramiento en actividades ilícitas justifica su suerte.

Este discurso, según Moreno, es una herramienta fácil para que el Estado se deslinde de su responsabilidad de proteger a la ciudadanía y de investigar cada caso con diligencia. Para padres como Juan Gonzalo, la búsqueda se ha convertido en una misión de vida que trasciende el hallazgo de su propio hijo.

Reconoce que, incluso si encontrara a Kevin, su labor no terminaría, pues la conciencia de cientos de familias en idéntica desesperación lo obliga a continuar. Su historia simboliza la tragedia de un país donde la solidaridad ciudadana ha tenido que organizarse para suplir las carencias de un sistema que, con todos sus recursos, no logra garantizar el derecho más básico: el de saber el paradero de los seres queridos.

Esta red de células de búsqueda se erige así como un amargo recordatorio de una deuda pendiente..