PAN alerta sobre posible uso electoral de programa Salud Casa por Casa
Diputados acusan que el censo del gobierno podría convertirse en base de datos clientelar.
15 Jun, 2025 01:05
El PAN denunció que el programa Salud Casa por Casa, coordinado por Servidores de la Nación, podría desviarse hacia fines electorales. Los legisladores señalaron que la administración de 5 mil millones de pesos, antes manejados por instituciones de salud, ahora recae en la Secretaría del Bienestar. Advirtieron que esto debilita al sector salud mientras fortalece la estructura política de Morena. El diputado Héctor Jaime Ramírez cuestionó la creación de un censo con datos personales de beneficiarios, alegando que podría usarse como herramienta de prospección electoral. Recordó que en administraciones pasadas se rechazaron registros similares para pacientes con enfermedades crónicas, lo que genera dudas sobre los motivos reales del programa. La oposición exige que la Secretaría de Salud asuma el control para garantizar transparencia. Hasta ahora, el gobierno no ha respondido a las acusaciones, mientras avanza la implementación del polémico proyecto.
Gobierno defiende programa Salud Casa por Casa como herramienta de bienestar social|Autoridades aseguran que el censo busca optimizar la atención médica en zonas vulnerables. |El programa Salud Casa por Casa, coordinado por Servidores de la Nación, fue presentado como una estrategia para llevar atención médica directa a comunidades marginadas. La Secretaría del Bienestar administrará 5 mil millones de pesos, destinados a identificar necesidades sanitarias y priorizar recursos. Funcionarios destacan que el censo permitirá diseñar políticas públicas precisas, sin fines electorales. Defensores del proyecto argumentan que centralizar los recursos evita duplicidades y mejora la eficiencia, al contrario de lo que ocurría con instituciones fragmentadas. El gobierno niega las acusaciones de clientelismo, insistiendo en que los datos recabados serán confidenciales y usados solo con fines sanitarios. Organizaciones civiles piden supervisión independiente para garantizar transparencia, mientras el programa se expande a nivel nacional.