El PAN de Chihuahua se enreda en una guerra sucia por la alcaldía, con acusaciones de corrupción y un proceso interno sin reglas claras que amenaza con fracturar al partido.

La disputa por la candidatura panista a la alcaldía capitalina ha escalado a un nivel de confrontación inédito, sacando a la luz acusaciones graves que salpican a la administración estatal. Santiago De la Peña, secretario de Gobierno y uno de los aspirantes mejor posicionados, denunció públicamente ser víctima de una guerra sucia orquestada por un exfuncionario que fue despedido por presuntos actos de corrupción.

Según De la Peña, este individuo, que enfrenta carpetas de investigación abiertas ante la fiscalía, estaría utilizando su pasado para atacarlo a él y a su familia, en un intento por desestabilizar su campaña. La gravedad de la declaración radica no solo en el señalamiento directo, sino en las preguntas que deja sin respuesta: si el exfuncionario fue cesado por corrupción, ¿por qué no se le fincaron responsabilidades penales? La omisión de la autoridad competente añade un manto de sospecha sobre el caso, que ahora exige una explicación oficial.

El origen de esta crisis interna no es fortuito. La falta de definición sobre el método para elegir al candidato ha creado un vacío que alimenta la confrontación.

Mientras la dirigencia nacional del PAN, a través de Santiago Taboada, ha impuesto que el proceso será conducido desde el centro, los militantes locales claman por una elección abierta que respete la voluntad de las bases. Esta indefinición contrasta con los documentos básicos del partido, que sí contemplan mecanismos claros, pero que han sido ignorados en la práctica.

La decisión de recurrir a encuestas, un método que se ha normalizado en varios partidos para evitar fracturas, ha demostrado ser contraproducente en este caso. Lejos de unificar, ha profundizado las divisiones, pues los aspirantes ven en este método una herramienta de manipulación más que un ejercicio democrático.

La paradoja es evidente: se evita la elección interna para prevenir conflictos, pero el resultado es una disputa aún más virulenta. Las consecuencias de esta escalada trascienden al PAN.

El gobierno estatal, encabezado por Morena, observa con atención cómo su principal rival se desangra, pero también se expone a que las acusaciones de corrupción salpiquen a la administración en turno. César Jáuregui, el otro aspirante fuerte, ha hecho un llamado a la cordura, pero sus palabras llegan tarde: los ánimos ya están caldeados y la confianza en el proceso está rota.

La ciudadanía, por su parte, asiste a un espectáculo que erosiona la credibilidad de la clase política en su conjunto. Si el PAN no logra resolver esta crisis con transparencia y apego a sus propias reglas, no solo arriesga perder la alcaldía, sino que sentará un precedente peligroso para futuros procesos electorales.

La exigencia social es clara: se necesitan respuestas, no más ataques ni cortinas de humo..