Plan B de Reforma Electoral Enviado al Senado: Elimina Consulta Popular y Recorta 4 Mil MDP

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enviado al Senado para su análisis y discusión. Esta decisión, según Monreal, corresponde exclusivamente a la mandataria.

La nueva versión de la iniciativa elimina la propuesta inicial que permitía incluir temas electorales en las consultas populares, manteniendo así la prohibición constitucional vigente en esa materia. Monreal negó que esta modificación respondiera a presiones de los aliados del PT y el PVEM, señalando que fue una decisión interna tras evaluar diversas redacciones.

La propuesta mantiene, sin embargo, ajustes al mecanismo de revocación de mandato, permitiendo que se realice entre el tercer y cuarto año del ejercicio presidencial, en lugar de solo al cuarto como establece la norma actual. El paquete legislativo incluye una reestructuración profunda de los órganos electorales y los gobiernos municipales.

Se establecen límites al tamaño y gasto de los ayuntamientos, fijando un mínimo de siete y un máximo de quince regidores, y permitiendo solo una sindicatura.

Además, se impone un tope al presupuesto de los congresos locales, que no podrá exceder el 0. 70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad. En el ámbito electoral, la reforma propone recortar aproximadamente cuatro mil millones de pesos del presupuesto de instituciones como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, enfocándose en una reducción de costos operativos.

Las consecuencias de esta reforma, de aprobarse, impactarían directamente la arquitectura democrática y administrativa del país. La reducción presupuestal y los nuevos topes salariales para funcionarios electorales, quienes no podrán ganar más que la presidenta de la República, buscan una austeridad forzada en el sistema.

Simultáneamente, las modificaciones a leyes como la General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la General de Partidos Políticos intensifican la fiscalización en tiempo real para evitar recursos ilícitos en las campañas. Estos cambios, presentados como un ajuste de eficiencia, generan un debate sobre el equilibrio entre el control del gasto público y la autonomía de los organismos encargados de garantizar los procesos democráticos en México..