Profeco denuncia presiones de diputados para evitar sanciones a negocios irregulares

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enfrenta presiones políticas para evitar sanciones a negocios infractores. Iván Escalante, titular de la institución, confirmó haber recibido llamadas de diputados y aliados del movimiento en busca de favores para gasolineras, hoteles y otros establecimientos con irregularidades. Durante una reunión con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Escalante pidió a los legisladores abstenerse de intervenir en casos que desconocen, ya que afectan la defensa de los consumidores. Relató cómo una diputada intentó ayudar a una gasolinera bajo verificación, alegando abuso por parte de la Profeco, sin presentar pruebas. El problema se agrava cuando figuras políticas de alto nivel interceden para proteger negocios con prácticas cuestionables. Escalante compartió el caso de un hotel de lujo multado por cobros en dólares, falta de transparencia en precios y condiciones sanitarias deplorables, donde cuatro aliados del movimiento, incluidos altos funcionarios, presionaron para detener la sanción. La Profeco insiste en que estas acciones socavan su labor, especialmente cuando las cámaras empresariales también buscan influir tras la publicación de informes, como ocurrió con un estudio crítico sobre jamones.

Pese a las quejas, la institución defiende la rigurosidad de sus procesos y advierte que las notificaciones se emiten con anticipación. Las consecuencias de estas interferencias son graves: retrasos en la justicia para los consumidores y un clima de impunidad para los infractores. Escalante alertó sobre la necesidad de endurecer las penas por retiro ilegal de sellos de clausura, ya que las actuales son insuficientes. Además, rechazó una propuesta para reducir a 72 horas el plazo de atención a quejas telefónicas, argumentando que colapsaría el sistema. La Profeco trabaja en agilizar los trámites, pero enfrenta resistencia de proveedores que evaden responsabilidades. El llamado es claro: las autoridades deben priorizar los derechos de los consumidores sobre los intereses políticos o económicos.