Reforma a la Fiscalía de Chihuahua genera alerta por retroceso democrático

La reciente aprobación de la reforma para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha encendido las alarmas entre analistas y organizaciones civiles, quienes señalan un preocupante retroceso en el diseño democrático de las instituciones. De acuerdo con el dictamen avalado en el Congreso local, derivado de una propuesta inicial de PAN y Movimiento Ciudadano, será el titular del Poder Ejecutivo quien proponga una terna de aspirantes al cargo, sin que los integrantes de dicha terna hayan pasado por filtro alguno ni por mecanismos de participación de la sociedad civil organizada.

Esta medida contrasta con las tendencias de los últimos lustros, en las que avanzó la idea de que los responsables de organismos autónomos no fueran designados unilateralmente por el Ejecutivo, sino a través de procesos transparentes e incluyentes. La reforma también establece que bastaría una carrera policial para cumplir con los requerimientos de la función ministerial, lo que ha generado dudas sobre la idoneidad de los perfiles para un cargo que exige profundos conocimientos de derecho, litigio y jurisprudencia.

El texto aprobado modifica el artículo 121 y abre la puerta a especulaciones sobre un posible traje a la medida para que el actual secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, ocupe la titularidad de la Fiscalía por un periodo trans-sexenal, independientemente de quién gane las próximas elecciones.

En el contexto de la discusión, la bancada de Morena ha insistido en la necesidad de consultar a los pueblos indígenas, quienes serían afectados por cambios significativos en la procuración de justicia, mientras que la negativa a establecer un parlamento abierto ha impedido que la sociedad chihuahuense participe en el debate. Las consecuencias de aprobar la reforma en el último tramo de la administración, y a como dé lugar, podrían ser graves: impugnaciones ante tribunales federales que probablemente obtendrían resoluciones favorables, retrasando o anulando su implementación.

Analistas coinciden en que lo más sensato sería dejar la discusión para las siguientes administraciones, tanto del Ejecutivo estatal como del Legislativo, y esperar los resultados de las próximas elecciones. La falta de un proceso incluyente y transparente no solo debilita la autonomía de la Fiscalía, sino que sienta un precedente preocupante para el diseño institucional en Chihuahua, donde la construcción democrática parece sufrir un nuevo quebranto..