Reforma al Imeplan busca blindar autonomía y frenar desigualdad metropolitana

La diputada Mariana Casillas Guerrero presentó una iniciativa de ley para reformar el Instituto de planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana (Imeplan) y el Consejo Ciudadano metropolitano (CCM), con el objetivo de garantizar su independencia técnica frente a los gobiernos en turno. La propuesta, elaborada junto con integrantes del CCM, modifica la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco y la Ley para Entidades Paraestatales, estableciendo un nuevo método de selección para la dirección del organismo.

Este proceso incluiría una convocatoria abierta, revisión de perfiles profesionales por parte de la Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso, entrevistas públicas y aprobación unánime de la Junta de Coordinación Metropolitana, eliminando así la designación discrecional que actualmente favorece al partido gobernante. La iniciativa responde a un diagnóstico crítico sobre la planeación urbana en la metrópoli, que ha generado una profunda desigualdad territorial y económica.

Mientras los municipios centrales concentran inversión, servicios, infraestructura y plusvalía inmobiliaria, las zonas periféricas como Tonalá, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos son utilizadas como depósitos de residuos y actividades de alto impacto ambiental, sin recibir una parte justa de la riqueza producida. Casillas señaló que la conducción actual del Imeplan está atrapada en una estructura que permite al grupo gobernante controlar una institución que debería pensar la ciudad con visión de largo plazo.

En ese sentido, acusó a Movimiento Ciudadano de convertir la coordinación metropolitana en una prolongación de su poder político, administrando acuerdos entre élites municipales y legitimando decisiones tomadas lejos de las comunidades. La reforma también fortalece al Consejo Ciudadano Metropolitano, dotándolo de facultades para requerir información, organizar foros autónomos, recibir quejas por violaciones a derechos humanos y emitir recomendaciones vinculantes sobre todos los asuntos de planeación.

Además, se crearían indicadores de equidad territorial y procesos de participación obligatorios en comunidades afectadas por proyectos urbanos. La legisladora recordó que durante la actualización del POTmet, colectivos denunciaron que sus observaciones sobre la ocupación de territorios ambientalmente protegidos fueron ignoradas, evidencia de la falta de canales efectivos de participación.

Con esta iniciativa, se busca que el Imeplan emita recomendaciones con carácter obligatorio y que la planeación metropolitana responda a criterios de igualdad, impidiendo que los intereses partidistas condicionen los diagnósticos, las prioridades y los límites del debate público..