Reforma a la Ley de Amparo: Un Golpe a los Derechos Ciudadanos y al Estado de Derecho

La Cámara de diputados aprobó en comisiones una reforma a la Ley de Amparo, marcando un cambio profundo en el equilibrio de poder entre los ciudadanos y el Estado. La iniciativa, impulsada por la mayoría oficialista, fue avalada sin incorporar las observaciones de especialistas jurídicos convocados.

Aunque se retiró un polémico artículo que establecía la retroactividad de la ley, este cambio fue una orden directa desde Palacio Nacional. La oposición, encabezada por el PAN, se retiró en señal de protesta, mientras que otros partidos votaron en contra, evidenciando la profunda división que genera esta modificación legal.

Esta reforma es considerada regresiva por violar el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual establece que las leyes solo pueden ampliar garantías, nunca reducirlas. La eliminación inicial del transitorio sobre retroactividad, un elemento que viola el artículo 14 constitucional, confirma que los legisladores eran conscientes del perjuicio que causaría a los gobernados.

Este debilitamiento deliberado de las herramientas de defensa ciudadana fortalece de manera desproporcionada los poderes del Estado.

Entre los cambios más severos se encuentra la eliminación de la suspensión provisional y definitiva en casos fiscales y de congelamiento de cuentas. Esto significa que las autoridades podrán actuar sin que los afectados puedan solicitar la paralización inmediata de los actos presuntamente abusivos.

Además, se restringe la suspensión cuando la autoridad alegue un daño al interés social o al orden público, siendo ella misma quien decida cuándo se configuran estos casos, lo que anula prácticamente el amparo en asuntos de interés para el gobierno. La reforma también limita el interés legítimo para promover un amparo, una figura crucial para comunidades vulnerables.

Como advirtió la misma diputada morenista Olga Sánchez Cordero, esta medida dejará indefensos a grupos como la comunidad LGTB, consumidores, defensores ambientales y pueblos indígenas. Un legislador oficialista admitió que el objetivo es imponer su visión del país, priorizando una agenda política sobre la protección de derechos fundamentales.

Esta modificación, impulsada por una mayoría calificada cuestionable, representa un paso más en la erosión de las instituciones democráticas y consolida un legado de debilitamiento del Poder Judicial..