Regidora de Tapachula Exige Investigar Contrato de 10 Mdp para Alimentos Policiacos

La segunda regidora del Ayuntamiento de Tapachula, Camila Morales Ascencio, solicitó a las instancias correspondientes una investigación exhaustiva sobre un contrato para surtir alimentos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, cuyo monto supera los 10 millones de pesos. Durante la sesión extraordinaria de Cabildo del pasado 18 de agosto, Morales Ascencio cuestionó la falta de claridad en la votación de la propuesta, amparándose en el artículo 49 del Reglamento Interno del Ayuntamiento, que exige mayoría de los presentes para resolver los asuntos.

Según la edil, el elevado número de abstenciones dejó la propuesta sin aprobación ni rechazo, lo que genera incertidumbre jurídica sobre el destino de los recursos federales. Además, señaló que el expediente fue modificado con la incorporación de más de 263 hojas de evidencia documental que expondrían diversas irregularidades, las cuales deben ser analizadas por las autoridades competentes para determinar posibles responsabilidades administrativas.

En el contexto del caso, Morales Ascencio reconoció avances parciales como el pago retroactivo a los elementos policiacos, el inicio del proceso de rescisión del contrato y la planeación de una mesa de trabajo para abordar jubilaciones en la corporación. Sin embargo, insistió en que estos pasos no eximen a las autoridades locales de aclarar el manejo del contrato y verificar si existieron omisiones en el ejercicio del gasto público.

La regidora difundió un video en sus redes sociales donde explicó su postura y criticó la lentitud con la que se ha atendido el tema, subrayando que la transparencia y la legalidad deben prevalecer en el uso de recursos de origen federal. Como consecuencia de estos hechos, Morales Ascencio anunció que emprenderá acciones legales al considerar que sus derechos políticos como mujer y representante popular han sido vulnerados.

Afirmó que la denuncia no tiene un propósito personal, sino que busca establecer un precedente para evitar que otras mujeres en la vida pública enfrenten situaciones similares. La regidora reiteró su compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas, enfatizando que las cosas deben hacerse bien sí o sí.

Este caso podría derivar en sanciones administrativas para los involucrados y en un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en las contrataciones municipales de Tapachula, especialmente cuando se trata de recursos federales destinados a la seguridad pública..