Regidores exigen transparencia en convenio millonario entre Sapal y Club León tras clasificarlo como reservado

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) ha desatado una fuerte controversia al clasificar como información reservada por un plazo de cinco años el convenio firmado con el Club León, acuerdo que condonó una deuda de 26 millones de pesos al equipo de fútbol. Esta decisión, tomada por el Comité de Transparencia del organismo, se fundamenta en que el documento es parte de tres investigaciones en curso por parte de la Contraloría Municipal y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).

Regidores como Dessire Ángel Rocha han expresado su sorpresa y descontento, señalando que el presidente del Consejo Directivo de Sapal se había comprometido previamente a transparentar toda la información. La medida impide conocer los detalles del cálculo que llevó a perdonar la mitad de una deuda que el club arrastraba desde hace más de trece años, generando dudas sobre la justificación real del descuento.

Este caso se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre la relación financiera entre las instituciones públicas y el Club León, una franquicia privada. La polémica estalla pocas semanas después de que se conociera una nueva solicitud del club al gobierno estatal, por 15 millones de pesos para mejoras en infraestructura.

Diversos sectores políticos, incluidos miembros del PAN en León, han criticado lo que consideran una costumbre de otorgar subsidios directos o indirectos al equipo, argumentando que, como empresa, debe ser autosuficiente.

La ciudadanía de Guanajuato ha manifestado recurrentemente su descontento por la opacidad en el uso de recursos públicos y los beneficios fiscales concedidos a entidades privadas, exigiendo que fondos como los 15 millones solicitados se destinen a proyectos de beneficio comunitario más amplio, como unidades deportivas públicas. Las consecuencias de esta decisión de reserva son múltiples y afectan la confianza institucional.

En primer lugar, socava los principios de gobierno abierto y transparencia que las administraciones dicen promover, generando una percepción de opacidad y posible encubrimiento. En segundo término, la reserva por cinco años significa que el convenio permanecerá oculto no solo durante la actual administración municipal, sino también durante la siguiente, evitando el escrutinio público en un periodo electoral clave.

Finalmente, la presión social y política continúa en aumento, con llamados para que organismos autónomos de transparencia revisen si la clasificación está debidamente justificada o si, por el contrario, constituye un acto arbitrario. El caso del convenio Sapal-Club León se ha convertido así en un examen crucial para la rendición de cuentas en Guanajuato, con potenciales repercusiones legales y políticas dependiendo de la información que finalmente se revele o se mantenga en secreto..