Reos extorsionados en Santa Martha: FGJ investiga cobro de piso en penal femenil

En el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, tres reclusas han presentado denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por extorsión. Las afectadas señalan a la directora, Susana Itzel Ramírez Ramírez, de liderar una red que cobra derecho de piso a quienes generan ingresos dentro del penal. Según los testimonios, los pagos oscilan entre 100 pesos diarios por puestos de comida y 3 pesos por producto en tiendas de abarrotes, bajo amenazas de violencia o destrucción de mercancía. Este fenómeno, antes limitado al espacio público, ahora permea las cárceles capitalinas. El contexto revela un patrón de corrupción arraigado desde el inicio de la administración actual, cuando Andrés Ponce Aceituno asumió como subsecretario del Sistema Penitenciario. Internas como Nayeli Yared detallan hostigamiento, sanciones arbitrarias y hasta agresiones físicas por negarse a pagar. Un documento obtenido por medios locales muestra un pase falsificado con el sello oficial, supuestamente avalado por Ramírez, que facilitaría el acceso ilícito de una banda vinculada a la Unión Tepito.

La impunidad parece extenderse: custodias ignoran las agresiones y protegen a las extorsionadoras. Las consecuencias son graves. Además del trauma físico y psicológico, las víctimas enfrentan un entorno donde la rehabilitación se ve socavada por la ilegalidad. La muerte de Marlen, otra interna que habría sido extorsionada antes de fallecer, exacerbó la crisis. Su madre exige justicia, respaldada por pruebas de transferencias bancarias. Mientras la FGJ investiga, la manifestación de apoyo a la directora organizada por presuntas cómplices evidencia la polarización dentro del penal. Este caso expone fallas sistémicas en la procuración de justicia y protección a reclusos, perpetuando ciclos de violencia y vulnerabilidad.