San Andrés Cholula lidera aumento delictivo mientras alcaldesa invierte más en publicidad que en seguridad

Los índices delictivos en San Andrés Cholula, Puebla, experimentaron un alarmante aumento del 9% durante el año 2025, alcanzando los 3,614 hechos delictivos reportados por la Fiscalía General del Estado. Esta cifra contrasta con la tendencia a la baja observada en los otros seis municipios de la zona metropolitana, posicionando a este municipio como el único con un crecimiento en criminalidad.

Los datos evidencian una clara incapacidad de la administración municipal para contener y revertir la ola de inseguridad que afecta a los ciudadanos, generando un ambiente de vulnerabilidad y desprotección. El contexto revela una preocupante asignación de recursos públicos bajo el mandato de la presidenta municipal Guadalupe Cuautle Torres.

Mientras la seguridad ciudadana se deterioraba, su gobierno destinó únicamente 1. 07 millones de pesos para el mejoramiento del Centro Integral de Protección y Seguridad, a través de un contrato con una empresa cuestionada por antecedentes laborales. En paralelo, la transparencia en el gasto exhibe una prioridad distinta: la difusión de su imagen.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se identificaron diez contratos por concepto de publicidad y difusión de actividades gubernamentales, sumando un monto total de 1.

31 millones de pesos. Esta decisión presupuestal significa que la alcaldía gastó un 22. 5% más en promoción que en infraestructura clave para la seguridad, una diferencia que asciende a 241,944 pesos desviados de una necesidad urgente.

Las consecuencias de esta gestión son tangibles y graves para los habitantes de San Andrés Cholula. La desviación de fondos hacia la autopromoción en detrimento de políticas de seguridad efectivas ha dejado al municipio hundido en una crisis de delincuencia e inseguridad.

Esta situación no solo refleja una falta de alineación con las demandas sociales primordiales de la población, sino que también plantea serias dudas sobre los criterios de gobernanza y el uso ético de los recursos públicos. La priorización de la imagen sobre la seguridad pública podría tener repercusiones políticas y legales, mientras la comunidad continúa pagando el precio de una administración que ha sido superada por los grupos delictivos..