Senado aprueba Ley de Infraestructura y reforma fiscal para impulsar inversión y desarrollo económico

El Senado de la República dio luz verde a dos iniciativas clave del Ejecutivo federal: la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica y una reforma al Código Fiscal de la Federación. La PRImera fue aprobada con 84 votos a favor y 28 en contra, mientras que la modificación fiscal obtuvo 95 apoyos, cero en contra y 12 abstenciones.

La ley de infraestructura tiene como objetivo principal crear mecanismos que faciliten la participación conjunta del sector público, privado y social en proyectos de infraestructura pública considerada estratégica para el desarrollo nacional. La Secretaría de Hacienda será la encargada de emitir los lineamientos y podrá apoyarse en Vehículos de Propósito Específico para coordinar estas inversiones.

Sin embargo, el artículo 85, que permite iniciar procedimientos de contratación sin contar con la suficiencia presupuestaria, generó un intenso debate. La oposición, representada por senadores del PRI y PAN, alertó sobre graves riesgos.

El senador priista Rolando Zapata argumentó que la iniciativa redefine el gasto público y puede ocultar obligaciones financieras al registrar deudas como pasivos contingentes, lo que debilita la transparencia fiscal y traslada costos al futuro.

Por su parte, la panista Gina Campuzano comparó la medida con apartar una vivienda sin saber si se podrá pagar, subrayando que comprometer obras sin presupuesto garantizado genera incertidumbre y puede acumular pasivos. Estas críticas apuntan a un posible relajamiento de la disciplina fiscal y a la creación de opacidad en el registro de la deuda pública derivada de las asociaciones público-privadas.

En paralelo, la reforma al Código Fiscal fue ampliamente respaldada. Este cambio establece la libre elección del contribuyente entre las distintas modalidades de garantía del interés fiscal, eliminando el orden obligatorio previo y suprimiendo el deber de acreditar capacidad económica para dicho fin.

La medida, que aplicará para procedimientos iniciados a partir de enero de 2026, busca simplificar y hacer más flexible el cumplimiento de las obligaciones fiscales para personas y empresas. En conjunto, el gobierno promueve este paquete como un motor para reactivar la economía y modernizar el país, aunque expertos advierten que su éxito dependerá de una implementación rigurosa que evite los riesgos de opacidad y endeudamiento no contabilizado señalados por la oposición..