Senado mexicano rechaza por unanimidad la inclusión de la presidenta en boleta electoral de 2027

El Senado de la República vivió una noche histórica y de insólita unidad al rechazar, con el voto unánime de todas las fuerzas políticas, una reserva clave de la reforma electoral promovida por el Ejecutivo. La medida vetada pretendía modificar el artículo 35 constitucional para incluir a la presidenta de la República en la boleta electoral de 2027, permitiéndole hacer campaña a favor de su partido dentro del proceso de consulta de revocación de mandato.

Esta votación, realizada a mano alzada, representó un revés directo a la agenda legislativa del gobierno y evidenció una fractura dentro de la coalición oficialista, cuando los senadores de Morena se alinearon con la oposición para bloquear la propuesta. El hecho marcó un punto de inflexión en la dinámica del Congreso, demostrando que existen límites a las iniciativas presidenciales incluso dentro de su propio bloque.

El contexto de esta votación se enmarca en el llamado Plan B de la reforma electoral, presentado después de que el Plan A original no obtuviera los votos necesarios en la Cámara de Diputados. La iniciativa buscaba, entre otros puntos, adelantar la consulta de revocación de mandato al primer domingo de junio de 2024.

Sin embargo, el núcleo de la propuesta, que era precisamente la inclusión de la mandataria en la contienda electoral de 2027, fue el elemento que generó el mayor rechazo. Partidos como el PT, integrante de la coalición gobernante, vieron en esta medida un riesgo existencial, al temer que la figura presidencial acaparara la atención y los votos, poniendo en peligro su propio registro como partido al no alcanzar el porcentaje mínimo requerido.

Esta lógica electoral pragmática explica la férrea oposición del PT, que terminó arrastrando al resto de los senadores de Morena hacia el rechazo unánime. Las consecuencias políticas de esta decisión son profundas y dejan al gobierno con una agenda electoral severamente recortada.

Por ahora, solo se aprobaron cambios menores no directamente electorales, como límites a regidores municipales y recortes presupuestales a congresos locales y al personal de órganos electorales. La derrota en el Senado, más contundente que la primera en Diputados, obliga a la administración a replantear su estrategia.

La presidenta no ha descartado un Plan C, y hay presiones para posponer o modificar la elección de autoridades judiciales prevista para 2027. El episodio revela las tensiones internas en la coalición gobernante y establece un precedente de que el Legislativo puede actuar como un contrapeso real, incluso ante iniciativas simbólicas del Ejecutivo.

El camino para una reforma electoral integral parece, por ahora, cerrado..