Sentencia por feminicidio de Leyla Monserrat en Sonora genera indignación por penas leves a menores

El sistema de justicia para adolescentes en Sonora dictó sentencia por el feminicidio de Leyla Monserrat, una joven de 15 años, imponiendo penas de internamiento y libertad asistida a dos menores responsables. El tribunal también fijó una reparación del daño de poco más de cinco mil pesos, cantidad que la familia de la víctima ha calificado de irrisoria e insuficiente, al señalar que los gastos funerarios superaron los treinta mil pesos.

Este caso, ocurrido en el municipio de General Plutarco Elías Calles, ha desatado una ola de indignación pública y cuestionamientos sobre la eficacia de la justicia penal para adolescentes en delitos graves. La investigación judicial estableció que el crimen se perpetró el 25 de septiembre de 2025, tras engaños por parte de las dos adolescentes implicadas.

Leyla Monserrat fue llevada a una vivienda donde fue atada, vendada y finalmente asesinada por estrangulamiento. Uno de los elementos más escalofriantes del caso fue la grabación del hecho en video por una de las agresoras, material que luego circuló en redes sociales y se convirtió en prueba fundamental.

La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, relató que existían antecedentes de acoso y burlas hacia su hija, motivadas por el color de su piel, lo que añade un componente de violencia discriminatoria al feminicidio.

Tras el asesinato, las menores intentaron ocultar el cuerpo enterrándolo en el patio de la misma casa, donde fue hallado una semana después en estado de descomposición, lo que obligó a sellar el ataúd e impidió a la madre un último adiós. Las consecuencias de esta sentencia han sido profundas, generando un debate nacional sobre la adecuación de las sanciones para adolescentes en casos de extrema violencia.

La pena máxima de internamiento en el sistema mexicano para adolescentes es de cinco años, y las condenas impuestas se encuentran dentro de ese marco legal, lo que es percibido por la sociedad y la familia como una falta de proporcionalidad y justicia. La difusión del video del crimen amplificó la indignación, llevando a colectivos y ciudadanos a exigir reformas legales.

La familia, representada por la madre, ha anunciado que apelará la resolución para buscar la pena máxima permitida, argumentando que la reparación económica es simbólica y que el daño moral es incalculable. Este caso subraya las tensiones entre los principios de reinserción social del sistema juvenil y la demanda social de justicia retributiva en crímenes atroces..