La SEP de Puebla enfrenta crisis por corrupción en primarias y nexo con SNTE

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla se encuentra en el centro de una tormenta política y administrativa a pocos meses de que su titular, Manuel Viveros Narciso, abandone el cargo para buscar una candidatura a diputado federal por Morena en el distrito de Libres. La principal preocupación recae sobre la Dirección de Primarias, señalada como el eslabón más débil de la dependencia debido a la presunta infiltración de funcionarios vinculados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a redes de corrupción heredadas de administraciones anteriores.

Fuentes internas revelan que en esta área se han incorporado perfiles que combinan dos vicios: estarían ligados a la venta ilegal de plazas docentes y mantener estrechos lazos con figuras clave del SNTE, particularmente de la sección 23. Esta situación ha generado un ambiente de inequidad que perjudica los derechos laborales de los maestros, quienes ven cómo los beneficios se concentran en aliados, familiares y compadres de los representantes gremiales, en lugar de premiar la antigüedad, formación y disciplina.

El gobernador Alejandro Armenta Mier ya evalúa dos posibles relevos para la SEP: Alejandro Espidio Reyes, actual secretario Anticorrupción, o el diputado federal Juan Antonio González Hernández, ambos de su máxima confianza, con la encomienda de realizar una limpieza profunda en la secretaría más grande del estado, que gestiona una nómina de más de 100 mil trabajadores y atiende a dos millones de alumnos. El regreso de Angélica García Morales a la Dirección de Primarias ha encendido las alarmas.

Durante el sexenio anterior, su gestión estuvo marcada por sospechas de venta de plazas, y ahora ha designado como su mano derecha a Jesús Salazar Domínguez, un funcionario muy cercano a José Antonio Bonilla, secretario de Trabajo y Conflictos de Primarias de la sección 23 del SNTE. La relación entre ambos, descrita como de parentesco político y afinidad laboral, permite que el sindicato tenga influencia directa sobre trámites administrativos que deberían ser exclusivos de la SEP.

Esto significa que la sección 23 puede controlar procesos como asignaciones, cambios de adscripción y promociones, favoreciendo únicamente a sus afiliados más cercanos.

Además, se ha detectado que García Morales tendría un vínculo familiar con una persona allegada a Carlos Zumaya, secretario de Trabajo y Conflictos en Primarias de la sección 51 del SNTE, lo que amplía la red de influencia sindical dentro de la dependencia. Estos nexos rompen el equilibrio que debe existir entre el gobierno y el sindicato, dejando desprotegidos a los maestros que no forman parte de esas hermandades y generando un clima de descontento y desconfianza en el sistema educativo poblano.

Las consecuencias de esta crisis son profundas y afectan directamente la calidad educativa en Puebla. La falta de transparencia en la asignación de plazas y beneficios laborales desmotiva a los docentes y fomenta un ambiente de favoritismo que perjudica a los estudiantes.

Mientras Manuel Viveros Narciso se prepara para dejar el cargo sin haber mostrado un carácter firme para frenar estos abusos, el próximo titular de la SEP tendrá la misión de desmantelar estas redes de corrupción y recuperar la autonomía de la Dirección de Primarias. La comunidad educativa y los observadores políticos coinciden en que la iglesia está en manos de Lutero, una metáfora que describe cómo el SNTE ha tomado el control de áreas que deberían ser exclusivas del gobierno.

La designación de Espidio o González, ambos con el respaldo del gobernador Armenta, podría significar un punto de inflexión, pero el reto es enorme: restaurar la confianza de los maestros, garantizar la equidad en los procesos administrativos y poner fin a la venta de plazas que ha manchado la reputación de la SEP poblana. La transición será clave para determinar si Puebla logra superar esta crisis o si el sistema educativo seguirá siendo rehén de intereses particulares..