Sheinbaum ordena intervención federal en Chilapa para frenar crisis de violencia y desplazados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trasladarse de inmediato a Guerrero para coordinar el retiro de bloqueos y restablecer el orden en Chilapa, municipio de la Montaña Baja. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que en la zona existen tres poblados con bloqueos en distintos puntos, por lo que la prioridad es permitir la salida de heridos y despejar las vías mediante el diálogo, evitando enfrentamientos que pongan en riesgo a la población civil.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, informó que ya se alcanzó un acuerdo con líderes comunitarios sobre la necesidad urgente de recuperar la paz en la región. La crisis actual estalló hace una semana, cuando miembros del grupo criminal Los Ardillos lanzaron un ataque generalizado con armas de fuego, drones e incendios para tomar el control de los pueblos de Tula, Alcozacán, Xicotlán y Acahuehuetlán.

Este grupo, considerado narcoparamilitar por las comunidades, ha provocado el desplazamiento de hasta mil 300 personas, dejado al menos 20 heridos y un número indeterminado de asesinados y desaparecidos. El conflicto, sin embargo, se remonta a 2019, cuando Los Ardillos comenzaron a hostigar a pueblos organizados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), una policía comunitaria indígena que representa un obstáculo para sus actividades de narcotráfico, extorsión y secuestro.

La situación se agrava por la combinación del fenómeno delictivo con violencia intracomunitaria y la base social que los grupos criminales han logrado infiltrar en zonas de alta marginación. El arribo de funcionarios y corporaciones armadas federales se enmarca en un esfuerzo de construcción de paz, no en una guerra contra los criminales, según explicó la mandataria.

Las autoridades son conscientes de la compleja realidad y del desastre humanitario causado por políticas que no distinguen entre delincuentes y civiles atrapados en zonas controladas. La lógica de guerra impuesta en el pasado, que llevó a mecanismos de tierra arrasada donde la población pasó de ser víctima de la violencia delictiva a sufrir violencia de Estado, no debe repetirse.

En lo inmediato, la prioridad es poner a salvo a los civiles desarmados, impedir que los criminales se apoderen del territorio y garantizar el regreso seguro de los desplazados. A mediano y largo plazo, se espera que este despliegue sea un ejemplo de la superioridad ética y estratégica de las políticas de paz frente a esquemas fallidos de multiplicación de la violencia..