Suprema Corte cierra litigios fiscales de Elba Esther Gordillo y Total Play con deudas firmes millonarias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en una misma sesión dos importantes litigios fiscales, dejando firmes deudas por un total que supera los 664 millones de pesos. Por un lado, el pleno determinó no revisar el amparo promovido por la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien buscaba impugnar un crédito fiscal por 19. 2 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los años 2008 y 2009.

Los ministros consideraron que el caso no presentaba temas de constitucionalidad por resolver, ya que Gordillo no logró acreditar con documentación que ciertos gastos y depósitos en sus cuentas correspondían a actividades sindicales. En el mismo acto, la ministra Lenia Batres informó que la empresa Total Play Telecomunicaciones, parte de Grupo Salinas, ratificó el desistimiento de su amparo en contra de un crédito fiscal por 645. 7 millones de pesos.

Con esta acción, la compañía acepta la obligación de pagar dicha cantidad determinada por las autoridades fiscales.

Ambos procesos habían recorrido durante años diversas instancias administrativas y judiciales antes de llegar al máximo tribunal. La relevancia de estas resoluciones simultáneas radica en que marcan el cierre definitivo de dos tipos de litigio fiscal: uno de carácter personal y otro empresarial.

Con las decisiones de la Corte, los adeudos quedan firmes, lo que significa que no habrá una revisión adicional por parte de este tribunal y las sentencias que obligan al pago se mantienen vigentes. Esto no implica necesariamente un desembolso inmediato, pero sí el fin de la batalla legal en la máxima instancia judicial, consolidando la postura de la autoridad hacendaria.

Estos casos establecen un precedente importante sobre cómo los tribunales evalúan la comprobación de ingresos y gastos. Confirman el criterio de que depósitos bancarios y pagos a nombre de una persona o empresa pueden ser considerados como ingresos tributables si no se documenta su origen o destino institucional.

La resolución subraya el rigor en la exigencia de comprobantes fiscales y refuerza la capacidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para fincar créditos cuando existe falta de documentación, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de litigios prolongados que finalmente se resuelven a favor de la hacienda pública..