La Suprema Corte declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 130/2019, declarando parcialmente fundadas las demandas en contra de la reforma de 2019. Dicha reforma había establecido la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales graves como defraudación fiscal y contrabando, eliminando la discrecionalidad judicial. Esta medida fue impugnada por considerarse desproporcionada y violatoria de derechos fundamentales. El fallo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2025, marca un hito en la aplicación de la justicia penal en materia económica. El contexto de la decisión se enmarca en un debate nacional sobre la proporcionalidad de las penas y los derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa eliminaba la necesidad de probar el riesgo de fuga o la obstaculización de la justicia, aplicándose de manera automática.

Críticos argumentaban que criminalizaba errores administrativos y desincentivaba la inversión, citando incluso a economistas como Stiglitz sobre las desigualdades del sistema. La Corte priorizó el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad. Como consecuencia inmediata, se declara la invalidez del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y sus artículos conexos 187 y 192. Esto significa que, para los delitos fiscales, un juez deberá analizar caso por caso la necesidad de imponer prisión preventiva, evaluando factores de riesgo concretos. Además, se restablece la posibilidad de acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, herramientas clave para resolver controversias fiscales sin acudir a la cárcel.