TEPJF avala al INE: partidos no tienen obligación de prevenir crimen organizado

La Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene la facultad de obligar a los partidos políticos a prevenir la intervención del crimen organizado en sus procesos internos de selección de candidaturas, integración de órganos partidarios y designación de representaciones ante las autoridades electorales. En sesión virtual, los magistrados analizaron un recurso de apelación presentado por un ciudadano que cuestionó la respuesta emitida por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, la cual determinó que no existe un mandato expreso en la legislación electoral que imponga ese deber a los institutos políticos.

El proyecto, elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y aprobado por tres votos contra uno de la magistrada Mónica Soto Fregoso, establece que la consulta ciudadana no cumplía con los requisitos para activar la función consultiva del Consejo General del INE, pues no buscaba orientar una actuación concreta dentro del sistema electoral, sino obtener un criterio interpretativo general sobre obligaciones de terceros. El magistrado presidente Gilberto Bátiz respaldó la postura al señalar que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos es competente para atender la consulta y que su respuesta se limitó a revisar el marco jurídico vigente, sin desarrollar reglamentariamente obligaciones ni establecer mecanismos vinculantes para los partidos.

Bátiz subrayó que los partidos políticos pueden adoptar voluntariamente medidas internas de prevención, pero que actualmente no existe una norma que les exija hacerlo, lo que deja un vacío legal en la materia. La resolución del TEPJF genera un precedente importante en el contexto electoral mexicano, donde la violencia política y la influencia del crimen organizado han sido temas recurrentes en procesos recientes.

Especialistas en derecho electoral advierten que esta decisión podría limitar la capacidad del INE para actuar frente a posibles injerencias delictivas en la vida interna de los partidos, aunque aclaran que no impide que las autoridades penales investiguen y sancionen actos ilícitos.

La magistrada Soto Fregoso, quien votó en contra, consideró que el INE debería tener un papel más activo en la prevención de estos riesgos, aunque su postura no fue respaldada por la mayoría. El fallo también aclara que los ciudadanos no pueden utilizar la vía consultiva para obtener interpretaciones generales sobre obligaciones de terceros, sino únicamente para resolver situaciones jurídicas concretas que les afecten directamente.

Esta distinción, según los magistrados, es fundamental para evitar que la función consultiva del INE se convierta en un mecanismo de opinión abstracta sobre el alcance de las leyes electorales. La decisión llega en un momento en que diversos partidos políticos han denunciado presiones de grupos criminales en la selección de candidatos, especialmente en regiones con alta incidencia delictiva.

Organizaciones civiles han solicitado al Congreso reformar la ley para establecer obligaciones explícitas en esta materia, pero hasta ahora no existe una iniciativa formal que modifique el marco legal vigente. El TEPJF dejó claro que, mientras no exista una reforma legislativa, el INE no puede exigir a los partidos la implementación de protocolos contra el crimen organizado, aunque estos sí pueden adoptarlos de manera voluntaria como parte de sus estatutos internos.

La resolución fue notificada oficialmente a las partes involucradas y sienta las bases para futuras consultas sobre temas similares, estableciendo criterios claros sobre los límites de la función consultiva del órgano electoral..