TEPJF Valida Elección de Ministros de SCJN y Desecha Proyectos de Nulidad por Mayoría

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección de ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por mayoría de tres votos contra dos, los magistrados desecharon los proyectos de sentencia que proponían declarar la nulidad del proceso. Los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y la presidenta Mónica Soto Fregoso conformaron la mayoría que respaldó la legitimidad de la elección judicial. Esta decisión obliga a la elaboración de un nuevo proyecto de sentencia que ratifique formalmente los resultados. El fallo se produce después de un intenso debate sobre la presunta utilización de materiales de apoyo conocidos como acordeones durante la votación. Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, quienes impulsaban la anulación, argumentaron que estos materiales equivalían a guías ilícitas que influyeron determinantemente en el resultado. Rodríguez Mondragón presentó estadísticas que mostraban una coincidencia del 78% entre las candidaturas ganadoras y la información contenida en los acordeones, alegando que se violó la integridad electoral y las normas de financiamiento.

La mayoría del TEPJF consideró que las acusaciones para anular la elección se basaban en conjeturas, pruebas laxas e inconsistentes, y no en evidencias jurídicas sólidas. El magistrado Felipe de la Mata destacó que no existían fundamentos técnicos suficientes para invalidar el voto de más de trece millones de personas. Por su parte, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso acusó a los proyectos de nulidad de estar motivados por posiciones ideológicas en contra de la reforma judicial, calificando el intento como un esfuerzo por tirar la elección sin pruebas contundentes. La consecuencia inmediata es la validación definitiva de los ministros electos, otorgando certeza jurídica a la nueva conformación de la SCJN. Este fallo cierra la puerta a cualquier impugnación futura sobre este proceso específico y sienta un precedente crucial sobre el estándar probatorio requerido para anular una elección de tal magnitud. La decisión refuerza la legitimidad del proceso de elección judicial y marca una línea clara frente a impugnaciones basadas principalmente en análisis estadísticos sin pruebas materiales irrefutables.