Transferencias sociales en México: ¿Ayuda real o riesgo para el desarrollo?

Las transferencias directas, teóricamente eficientes, enfrentan críticas en México por su implementación actual. Desde 2018, se eliminaron condicionantes como educación y salud, priorizando el apoyo sin métricas claras. Esto ha derivado en un crecimiento exponencial del presupuesto: para 2025, representará el 12. 8% del gasto programable, frente al 5. 3% de 2019. Sin embargo, la inversión pública ha caído del 15. 5% al 12. 9% en el mismo periodo, revelando un desbalance preocupante. Expertos señalan que, aunque las transferencias alivian pobreza inmediata, su diseño actual incentiva el uso político y reduce recursos para infraestructura.

El deterioro en servicios básicos es evidente: escuelas sin calidad, hospitales desabastecidos y seguridad precaria. Mientras las becas y pensiones aumentan, el acceso a medicamentos o educación digna se vuelve una odisea. Esta dinámica ha impulsado a privados a cubrir vacíos estatales, pero profundiza la desigualdad. Sin evaluaciones rigurosas, se desconoce si el modelo compensa el daño a largo plazo. Organizaciones advierten que, sin un Estado funcional, las transferencias son un parche, no una solución. El riesgo es consolidar un sistema que prioriza el asistencialismo sobre el desarrollo sostenible, hipotecando el futuro de las próximas generaciones. La discusión urge: ¿benefician realmente estos programas o son una renuncia a construir un país más equitativo? La respuesta definirá el rumbo económico y social de México.