Tribunal de Nuevo México impone a Meta multa récord de 942 millones por daños a menores

Un tribunal de Nuevo México ordenó a Meta pagar 567 millones de dólares adicionales, elevando la sanción total a 942 millones por los efectos de Facebook e Instagram en la salud de niños y adolescentes. El juez Bryan Biedscheid emitió la resolución durante la segunda fase del juicio, donde se determinó que 420 millones se destinarán a programas de tratamiento para jóvenes afectados, mientras que el resto financiará campañas de prevención y concientización durante los próximos cinco años.

Esta nueva multa se suma a los 375 millones impuestos en marzo, cuando un jurado concluyó que la compañía conocía los riesgos para la salud mental de los menores y no actuó adecuadamente frente a casos de explotación sexual infantil. La Fiscalía de Nuevo México también solicitó cambios estructurales en el funcionamiento de las plataformas, incluyendo la reducción de elementos que fomentan el uso excesivo, el refuerzo de sistemas de verificación de edad y mayores mecanismos de protección contra la explotación sexual.

Sin embargo, el juez reconoció que la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) impide obligar a Meta a implementar sistemas de verificación de edad para menores de 13 años que requieran recopilar información personal o rastrear su actividad en línea.

A pesar de la magnitud de la sanción, la cifra representa una fracción mínima de las ganancias proyectadas por la empresa, estimadas en 60 mil millones de dólares para 2025, y el impacto en los mercados fue limitado con una ligera baja en las acciones. El fiscal general Raúl Torrez afirmó que la resolución envía un mensaje claro a las empresas tecnológicas sobre su responsabilidad cuando el diseño de sus productos pone en riesgo a menores.

Meta anunció que apelará la decisión, defendiendo su transparencia y las medidas implementadas para proteger a los adolescentes. Como parte del fallo, Facebook e Instagram deberán incorporar avisos informativos sobre herramientas de seguridad, privacidad y denuncia, además de desarrollar campañas educativas supervisadas por las autoridades estatales.

El caso representa un nuevo desafío legal para la compañía, que enfrenta numerosas demandas de familias que aseguran que sus hijos resultaron afectados por el uso de las redes sociales, consolidando un precedente significativo en la regulación de plataformas digitales..