Ulises Carlin garantiza pago quincenal a organismos autónomos de Nuevo León y aclara retraso de la CEDH

Ulises Carlin, encargado del despacho de la Tesorería General del Estado, afirmó que los recursos para los organismos autónomos y poderes del estado de Nuevo León están plenamente garantizados. Esta declaración surge tras la queja pública de la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH) por un aparente retraso en la transferencia de fondos para el pago de nómina correspondiente a enero.

Carlin explicó que la percepción de retraso pudo originarse por un cambio en la dinámica de depósitos, pasando de un esquema mensual a uno quincenal, lo que alteró los flujos de efectivo esperados por algunos organismos. El funcionario detalló que, a diferencia de ejercicios anteriores donde se transfería el recurso completo mensual, ahora se realizan dos depósitos separados para cubrir cada quincena.

Este ajuste, según su explicación, forma parte de una mejor planeación financiera y no representa un recorte o incumplimiento. Carlin proporcionó cifras específicas, señalando que para la primera quincena de enero de este año la CEDH recibió más de cinco millones de pesos, monto superior a los 4.

7 millones depositados en el mismo periodo del año anterior, demostrando según él la puntualidad y solvencia en las entregas. Las consecuencias de este cambio operativo han generado incertidumbre en varios organismos clave.

La Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial habían advertido previamente que la falta de recursos oportunos podría poner en riesgo proyectos prioritarios para 2026, como la construcción del nuevo Centro de Justicia para la Mujer y la formación de nuevos policías. Ante esto, Carlin subrayó que la planeación financiera del año garantiza primero todos los pagos de nómina y gasto corriente para mantener la operatividad de estas instituciones.

El tesorero en funciones hizo un llamado a los organismos para acercarse a la dependencia y aclarar cualquier duda sobre la nueva calendarización, reiterando el compromiso de cumplir cabalmente con las obligaciones legales. Además, descartó que su situación como encargado de despacho, a la espera de ratificación formal por el Congreso dentro del plazo constitucional de 90 días, afecte la gestión de los recursos, asegurando que la administración financiera estatal funciona con normalidad y transparencia para sostener los servicios públicos esenciales..