Videos inéditos evidencian uso de dinamita y destrucción de patrimonio en el Tren Maya

Un nuevo conjunto de videos inéditos, en poder de los arqueólogos Jesús E. Sánchez y Fernando Cortés de Brasdefer, documenta de manera contundente el uso de explosivos y maquinaria pesada durante la construcción del Tren Maya, específicamente en los tramos 6 y 7 que atraviesan Quintana Roo y Campeche.

Las imágenes, según los expertos, muestran el resultado devastador de estas prácticas: terrenos arrasados y contextos arqueológicos irremisiblemente destruidos. Los especialistas relatan haber escuchado detonaciones de dinamita mientras se encontraban en monumentos arqueológicos, un método justificado por la presencia de roca dura pero ejecutado, a su juicio, sin el cuidado que exige un suelo kárstico rico en vestigios.

Además del uso de explosivos, señalan el empleo de martillos mecánicos cuyo impacto retumbaba en la tierra, afectando las estructuras prehispánicas. Este material visual contradice frontalmente las versiones oficiales que hablaban de un minucioso trabajo de salvamento arqueológico.

El contexto de estas revelaciones se enmarca en una política de censura y amenazas hacia los propios arqueólogos contratados para el proyecto, según denuncian los investigadores. Jesús E.

Sánchez detalla que muchos arqueólogos, incluidos pasantes de universidades, fueron advertidos y amenazados para no divulgar información alguna sobre el trabajo realizado en la ruta.

A pesar de esta presión, varios profesionales renunciaron ante los métodos destructivos que observaban, calificados de supuesto salvamento. Los videos presentados muestran precisamente el momento en que las máquinas retroexcavadoras avanzan tras una recolección superficial de fragmentos, destruyendo para siempre el contexto estratigráfico que permite la investigación científica.

Un caso emblemático es el de un altar en la zona de Calakmul, destrozado por camiones de rehabilitación, y la desaparición completa de estructuras, lo que los arqueólogos califican sin ambages como un crimen contra el patrimonio cultural mexicano. Las consecuencias de estos hechos son múltiples y profundas.

En primer lugar, la pérdida irreversible de información histórica y arqueológica, ya que los edificios no fueron reubicados piedra por piedra como se ha afirmado, sino que solo se movieron revestimientos, dejando atrás el núcleo con ofrendas y entierros. En segundo término, los arqueólogos denuncian un cinismo institucional por parte de las autoridades del INAH, a quienes acusan de presentar esta destrucción como un logro y de mentir de manera sistemática a la población.

Fernando Cortés de Brasdefer, quien fue sancionado por el INAH por revelar información pero luego fue respaldado por la Función Pública, critica la falsa narrativa de reubicación de ciudades arqueológicas. Ambos expertos anuncian que continuarán recabando material y organizando foros académicos para exponer estas prácticas, sosteniendo que el mayor daño, más allá de la destrucción física, es la mentira institucionalizada que se ha impuesto sobre la protección del patrimonio nacional..