Explotación forestal en Tamaulipas: 127 permisos y un modelo familiar de décadas en la sierra

En Tamaulipas, un entramado de 127 autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable vigentes permite la extracción en 99,558 hectáreas de bosque, distribuidas en 21 municipios de la Sierra Madre Oriental. Este modelo, avalado por la SEMARNAT, autoriza el corte de más de 3. 1 millones de metros cúbicos de pino, encino y otras especies, y se complementa con 66 permisos para recursos no maderables.

La infraestructura que sostiene esta industria incluye 90 centros de almacenamiento y transformación, de los cuales 74 están dedicados a la producción de carbón vegetal. Esta actividad genera una cadena que va desde los ejidos y propiedades privadas hasta los aserraderos de Ciudad Victoria, para finalmente distribuir la madera y el carbón principalmente en Nuevo León y otros mercados del norte del país, consolidando una operación de escala industrial.

El contexto de esta explotación se remonta a seis décadas de control gremial y político por parte de una misma familia, cuyo patriarca, Carlos Díez Gutiérrez Coleman, presidió simultáneamente la Unión Ganadera Regional y la Unión Estatal de Silvicultores. Esta posición dual le otorgó una influencia única sobre las dos fuerzas históricas de deforestación: la tala y el cambio de uso de suelo para ganadería.

Tras su fallecimiento en 2020, el negocio familiar continuó bajo sus herederos, quienes mantienen una presencia activa tanto en la industria maderera como en la esfera pública. Eugenio Díez Gutiérrez Navarro, hijo mayor y ex regidor municipal, opera dos aserraderos en Ciudad Victoria, mientras que su hermano Arturo, quien fue alcalde de la capital entre 2008 y 2010 y candidato a la gubernatura en 2022, ha declarado públicamente continuar con el legado forestal de su padre, evidenciando una continuidad directa entre el poder político y el negocio privado del bosque.

Las consecuencias de este modelo son una pérdida neta de cobertura forestal y una severa presión sobre los ecosistemas. Tan solo en 2024, Tamaulipas perdió más de 7,000 hectáreas de bosque, con emisiones de carbono equivalentes a un millón de toneladas de CO2.

La producción de carbón vegetal, que alcanza unas 21,700 toneladas anuales, requiere entre 84,000 y 126,000 toneladas de madera verde, ejerciendo una presión insostenible. A pesar de que los diagnósticos oficiales reconocen prácticas no sustentables y una degradación generalizada, la supervisión es mínima, con operativos de PROFEPA que solo revisan por muestreo una fracción de los centros registrados.

Organizaciones ambientalistas como Pronatura Noreste, el CEMDA y el Grupo Antares coinciden en que el problema no es la falta de leyes, sino su aplicación, señalando la opacidad en el padrón de titulares de permisos y la insuficiencia de inspectores, lo que perpetúa un ciclo donde el bosque se reduce mientras el negocio familiar se consolida..