Familias buscadoras rechazan descalificación del gobierno mexicano al informe de la ONU sobre desapariciones

La reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum, que tachó de tendencioso y falto de rigor al informe del Comité contra la desaparición Forzada de la ONU, ha generado una indignación profunda entre los colectivos de familias buscadoras de la Ciudad de México. Estos grupos, entre los que se encuentran Mariposas, Hasta Encontrarles y Una Luz en el Camino, calificaron la postura oficial como una negación peligrosa de una crisis de derechos humanos vigente.

El informe del CED, que decidió llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU con carácter de urgencia, concluye que existen indicios fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, documentando patrones sistematico" target="_self">sistemáticos en diferentes regiones del país. El contexto de esta polémica se enmarca en la histórica cifra oficial de más de 133,000 personas desaparecidas y la acumulación de más de 83,000 cuerpos sin identificar en el sistema forense nacional.

Las familias buscadoras subrayan que la desaparición forzada no es un fenómeno del pasado, limitado a sexenios anteriores, sino una realidad que continúa ocurriendo con la participación, por acción u omisión, de agentes del Estado. El gobierno federal, en su comunicado conjunto, argumentó que el diagnóstico del comité se centra en el periodo 2009-2017 y afirmó que en las administraciones recientes no existen indicios de una política federal de ataques sistemáticos, una postura que las víctimas indirectas consideran un intento de minimizar la gravedad actual.

Las consecuencias de esta descalificación son operativas y profundas. Al rechazar las conclusiones y la asistencia técnica internacional, el Estado mexicano priva al sistema de búsqueda e identificación de recursos y expertise cruciales, condenando a las familias a continuar su labor en soledad y con riesgo.

Además, esta postura deslegitima años de trabajo documental y pericial independiente realizado por los colectivos ante la inacción institucional. Las familias exigen un reconocimiento pleno de la crisis, cooperación sin condiciones con organismos internacionales, justicia real que incluya a responsables estatales, y un diálogo genuino que priorice la verdad sobre la defensa política.

La negativa estatal, advierten, no solo aleja la posibilidad de encontrar a sus seres queridos, sino que perpetúa la impunidad y el dolor en un país cuya soberanía, sostienen, debería medirse por su capacidad para garantizar justicia..