Ley General de Feminicidio en México: el complejo camino constitucional y político que enfrenta

La creación de una Ley General en materia de feminicidio en México se topa con un exigente proceso constitucional. El primer y fundamental escollo es la necesidad de modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al congreso de la Unión a legislar sobre este delito a nivel nacional.

Sin esta reforma, cualquier ley general carece de base legal. Este paso inicial requiere, a su vez, el voto a favor de dos terceras partes de los integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados, una mayoría calificada que ningún partido posee por sí solo.

Posteriormente, la reforma constitucional debe ser ratificada por la mayoría de los congresos estatales, sumando otra capa de complejidad política y negociación en las entidades federativas. Este escenario obliga a la coalición gobernante a buscar acuerdos amplios con otras fuerzas políticas.

Una vez superado este filtro, el Congreso podría expedir la ley, la cual establecería un marco jurídico unificado. La normativa propuesta obligaría a los estados a armonizar sus códigos penales y protocolos de investigación, eliminando las disparidades actuales que existen en la tipificación y persecución del feminicidio.

Se plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio, con protocolos homologados y fiscalías especializadas.

El impacto de la ley, de materializarse, sería significativo en varios frentes. Establece penas de entre 40 y 70 años de prisión, considera el delito como imprescriptible y prioriza la reparación del daño.

Un eje central es la protección a hijos e hijas de las víctimas, quienes serían reconocidos como víctimas indirectas, garantizándoles acceso a salud y educación, mientras el agresor perdería automáticamente la patria potestad. Además, se crearía un registro nacional de menores en orfandad por feminicidio.

En paralelo, la iniciativa busca regular el tratamiento mediático, prohibiendo la difusión sensacionalista de imágenes de las víctimas. En conclusión, la iniciativa enfrenta una ruta de alto costo político donde los votos no están asegurados.

Más que una reforma inmediata, su presentación marca el inicio de una negociación compleja que pondrá a prueba la voluntad política para priorizar la lucha contra la violencia de género. El camino es largo: primero la Constitución, luego los congresos y, finalmente, la armonización en todo el territorio nacional..