México enfrenta presión fiscal tras recorte crediticio y débil recaudación local

La reciente decisión de HR Ratings de reducir la calificación soberana de México de BBB+ a BBB, colocándola a un paso de perder el grado de inversión, encendió las alertas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales. El organismo fundamentó su ajuste en cinco años consecutivos de déficits fiscales superiores al 4% del PIB, una tendencia que contrasta con la disciplina que exigen los mercados internacionales.

A ello se suma la degradación automática de Pemex, cuya nota global cayó por su alta dependencia del respaldo federal, aunque la empresa reportó una reducción de 11. 6% en su deuda denominada en pesos durante el último semestre. Analistas advierten que esta combinación de factores podría encarecer el costo del financiamiento para el gobierno y las empresas estatales en los próximos meses.

El contexto macroeconómico se complica además por el creciente peso de la deuda pública. La Secretaría de Hacienda y Crédito público reportó una deuda neta equivalente a 51% del PIB al primer semestre, nivel no visto desde 1983, año de crisis económica profunda.

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, este indicador pasó de 31. 4% a 52.

6% del PIB entre 2008 y 2025, un incremento real cercano a 111. 8% en poco más de una década y media. Paralelamente, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un recorte de 5. 9% en el rubro de medicamentos del IMSS, lo que afectaría directamente la atención médica de millones de derechohabientes.

La proporción de trabajadores que gana hasta un salario mínimo pasó de 12% a 38% en la última década, es decir, once millones de personas más en ese escalón, evidenciando que los promedios salariales suben mientras la base se ensancha hacia abajo. Las consecuencias de esta fragilidad fiscal trascienden las cifras macroeconómicas y llegan a los servicios cotidianos.

Especialistas señalan que el problema no es exclusivo de la Federación, pues muchos gobiernos locales prefieren esperar sus participaciones federales antes que cobrar impuestos como el predial, que administran de manera exclusiva desde los años ochenta y que, salvo excepciones, recaudan muy por debajo de su potencial. El impuesto a la tenencia vehicular cayó más de 40% entre 2014 y 2023, según datos del CIEP.

Fortalecer la capacidad recaudatoria de los tres órdenes de gobierno y capacitar a los responsables de su administración se perfila como una condición indispensable para evitar que el país gaste con una calendarización optimista y recaude con una realidad que no alcanza..