México supera 135 mil desaparecidos: la deuda más dolorosa del Estado

La cifra de 135 mil 105 personas desaparecidas en México ha dejado de ser una estadística para convertirse en un llamado de conciencia nacional que exige una respuesta de Estado. Detrás de cada número hay una familia que no ha podido cerrar un duelo, una madre que sigue buscando y una pregunta que las autoridades aún no han respondido: ¿dónde están? A esta dolorosa realidad se suman más de 72 mil restos humanos sin identificar y miles de fosas clandestinas, configurando una de las crisis humanitarias más profundas del país.

La falta de resultados no solo prolonga el sufrimiento de las víctimas, sino que también debilita la confianza ciudadana en unas instituciones que tienen la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación. El contexto de esta emergencia revela que las desapariciones no distinguen ideologías, regiones ni administraciones, acumulándose durante años sin una solución estructural.

La protección de la vida y la libertad, base del actuar del Estado en una democracia, se ve vulnerada cuando las instituciones son incapaces de localizar a una persona o esclarecer los hechos. Frente a esta magnitud, fue positivo que recientemente se haya recibido a madres buscadoras, quienes han convertido su dolor en una causa pública.

Escucharlas es un paso en la dirección correcta, pero ahora es necesario avanzar más: ampliar el diálogo, conocer de primera mano sus demandas y traducir eso en resultados verificables. El desafío no puede atenderse con esfuerzos aislados, sino con acciones coordinadas y sostenidas en el tiempo.

Las consecuencias de esta crisis trascienden lo nacional, pues el Comité contra la desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha advertido sobre indicios de desapariciones generalizadas y elevados niveles de impunidad en México. Para enfrentarlo, se debe fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales, las fiscalías especializadas y los servicios forenses con mayor presupuesto, tecnología de identificación humana y coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.

También es impostergable garantizar condiciones de seguridad para las madres buscadoras, cuya labor merece reconocimiento y protección. Mientras una sola persona permanezca desaparecida y una sola familia siga buscando sin respaldo suficiente, la tarea del Estado mexicano seguirá inconclusa.

Encontrarlos no es solo una obligación legal, sino un deber moral que define la calidad de nuestra democracia y la dignidad de nuestra República..