SAT elimina verificación de identidad para FIEL y endurece reglas para contribuyentes inactivos en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará a partir de 2026 modificaciones significativas en sus procedimientos, marcando un endurecimiento del marco de control fiscal. Una de las alteraciones más notables es la eliminación del servicio de verificación de identidad para los usuarios que utilicen la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

A partir del próximo año, el SAT solo prestará el servicio de verificación y autenticación de los certificados de la FIEL, lo que simplifica un proceso pero también centraliza la validación en la autoridad. Paralelamente, se otorgan nuevas facultades a la institución para requerir, mediante reglas generales, que los fedatarios públicos informen bajo protesta de decir verdad sobre la autenticidad de los documentos presentados en trámites fiscales, incrementando la supervisión sobre la documentación legal.

En cuanto al contexto, estas modificaciones se enmarcan en un esfuerzo por depurar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y combatir la evasión fiscal. Se precisan las causales para la suspensión de actividades de contribuyentes, aplicable cuando, durante tres ejercicios anteriores, no hayan presentado declaraciones, emitido o recibido comprobantes fiscales, o presentado avisos ante el RFC, siempre que no tuvieran la obligación de hacerlo.

Además, se elimina la facultad de suspender la clave del RFC, quedando únicamente la de cancelarla cuando se cumplan condiciones similares durante un periodo de cinco años y el contribuyente no cuente con créditos fiscales pendientes. Este cambio busca una limpieza más definitiva del padrón.

Las consecuencias directas impactarán a personas morales y físicas. Surge una nueva y potente facultad para el SAT: negar la inscripción en el RFC a una persona moral si su representante legal, socios o integrantes de su estructura orgánica se encuentran en supuestos de incumplimiento grave, como tener certificados de sello digital cancelados, estar vinculados a comprobantes por operaciones inexistentes, o tener créditos fiscales determinados no pagados.

Esta medida, de carácter preventivo, busca evitar que entidades con antecedentes problemáticos se incorporen al sistema formal. En conjunto, estas reglas representan un giro hacia un control más estricto y automatizado, donde la carga de la prueba y la transparencia documental recaerán con mayor peso sobre los contribuyentes y sus representantes legales..