Senado propone prohibir la carta de no antecedentes penales en contrataciones laborales para evitar discriminación

El Senado de la República analiza una iniciativa para modificar el artículo 133 de la Ley Federal del trabajo, con el fin de prohibir que los empleadores exijan la carta de no antecedentes penales como un requisito general en procesos de contratación o ascenso. La propuesta, impulsada por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, establece que dicho documento solo podrá solicitarse cuando la naturaleza específica del puesto lo haga estrictamente necesario, convirtiendo su solicitud indiscriminada en una conducta sancionable.

Este cambio legislativo busca eliminar una barrera sistémica que, según diagnósticos de la Comisión nacional de los Derechos Humanos y la UNAM, ha fomentado la exclusión laboral y empujado a personas hacia la informalidad sin una justificación objetiva relacionada con sus capacidades para el trabajo. El contexto de esta reforma se enmarca en un reconocimiento creciente de que el uso generalizado de este filtro constituye una práctica discriminatoria.

Organismos nacionales e internacionales han señalado que exigir la carta sin una relación directa con las funciones del puesto viola derechos fundamentales, al limitar el acceso al empleo formal sin evaluar las habilidades reales del candidato. La iniciativa retoma jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha determinado que tener antecedentes penales no define la probidad de una persona y que su solicitud automática podría contravenir el derecho al trabajo consagrado en la Constitución.

Además, se alinea con compromisos internacionales de México, como los establecidos en el capítulo laboral del T-MEC, que obligan a eliminar la discriminación en el empleo y a promover la igualdad de oportunidades. Las consecuencias de aprobar esta modificación serían significativas para el mercado laboral mexicano.

En primer lugar, facilitaría la reinserción social de personas que han cumplido una condena, honrando el mandato constitucional que establece que el sistema penitenciario debe promover la rehabilitación, un proceso imposible sin acceso a un trabajo digno. En segundo término, reduciría las barreras de entrada al empleo formal para grupos en situación de vulnerabilidad, priorizando la evaluación por méritos, competencias y experiencia profesional.

Finalmente, impulsaría un modelo de contratación más incluyente y racional, donde las empresas solo podrían solicitar información sobre antecedentes penales en casos excepcionales y justificados, como en puestos que involucren manejo de valores, seguridad nacional o trato directo con poblaciones vulnerables, transformando un requisito automático en una excepción debidamente fundamentada..