Nueva denuncia en Argentina reactiva el caso Trevi-Andrade por trata de personas y explotación

La justicia argentina ha decidido reabrir formalmente el expediente judicial contra el clan Trevi-Andrade, tras años sin avances significativos. Este movimiento se produjo luego de que una ciudadana argentina presentara una nueva denuncia, lo que permitió reactivar las indagatorias.

El pasado 23 de marzo, las autoridades de ese país enviaron una solicitud oficial de asistencia judicial a México, buscando destrabar la cooperación internacional que había frenado el proceso. El caso analiza presuntos delitos de alta gravedad como trata de personas, explotación infantil y posibles formas de esclavitud, donde aparecen señalados la cantante Gloria Trevi, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo.

La dimensión transnacional del caso ha sido su mayor obstáculo, involucrando a varios países de la región además de Argentina y México, como España, Chile y Brasil. La falta de intercambio fluido de información entre jurisdicciones mantuvo las pesquisas en un punto muerto durante largo tiempo.

La reciente notificación a la embajada mexicana busca concretar el acceso a documentación clave, resoluciones judiciales y testimonios recabados en territorio mexicano que son vitales para la investigación.

Un aspecto central de esta nueva etapa es la revisión de posibles irregularidades en procesos judiciales previos en México. Las autoridades analizan decisiones controvertidas, el tratamiento dado a testigos y el resguardo de datos personales de las víctimas, lo que habría afectado la integridad del procedimiento original.

Se cuestiona específicamente la actuación de algunos jueces en fallos anteriores y la valoración de testimonios fundamentales. Además, se investiga la presunta filtración de datos sensibles durante audiencias civiles, lo que podría constituir una vulneración de derechos.

La reactivación es impulsada por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata en Argentina, que argumenta que estas investigaciones responden a una demanda social latinoamericana más amplia. El objetivo declarado es evitar que estructuras señaladas por delitos graves se amparen en vacíos legales o en la falta de coordinación internacional.

Por el momento, la causa se encuentra en una fase preliminar de recopilación de evidencia y no se han anunciado nuevas imputaciones ni medidas concretas contra los implicados..